Urbanismo volcánico [José Rivero Serrano]

Puede denominarse de tal forma al Urbanismo desaforado que, desde los lejanos orígenes de la Ley de Centros y Zonas de interés turístico de 1963, había liberalizado el suelo de todo el litoral español a efectos edificatorios. Con los efectos conocidos y denunciados en sucesivos años por Green Peace en sus informes, como Destrucción a toda costa. La otra acepción tendría que ver con la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma y sus efectos derivados en las edificaciones y en el suelo. Que según la contabilidad –que se actualiza diariamente– ha cubierto de cenizas 8.000 hectáreas, ha destruido cerca de 2.500 edificaciones y cubierto de lava 1.000 hectáreas. Con un coste que no cubrirán los seguros disponibles, ni las subvenciones públicas desplegadas.

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Todo ello, ha contado con la solidaridad de rigor con los palmeros por los daños producidos y por las dificultades para encarar el futuro. Por más que quedan en el lateral la extrañeza de la magnitud del daño y la falta de ciertas previsiones y programaciones en un contexto conocido por su exposición volcánica. Así, Elsa Fernández Santos, escribía su artículo el mensual ICON, La lava del turismo, donde dejaba ver que “Nuestro pasado de desvergonzada y destructiva (anti) planificación turística es una de las señas de identidad de un mapa cuya belleza ha sido explotada hasta convertir el paisaje en un enjambre de paraísos perdidos que no tuvieron la protección que merecían…Canarias es un doloroso ejemplo de la barbarie urbanística que hemos heredado”. En el mismo sentido se pronunciaba Juan Ramón Vidal, catedrático emérito de Geología en el trabajo de Quico Alsedo, en El Mundo el 2 de octubre.  “La pregunta cae por su propio peso: ¿se ha tenido en cuenta el potencial eruptivo de los volcanes de la isla a la hora de construir, o el ladrillazo (aquí más bien ladrillito, por el tamaño de las edificaciones) ha campado a sus anchas, y se ha urbanizado sin ton ni son, como tantas veces en España?Lo que está claro es que no se ha tenido suficientemente en cuenta– dice Juan Ramón Vidal–, se ha urbanizado de forma diseminada, y tristemente lo que tenemos cuando erupciona un volcán es que se lleva por delante muchos bienes y muy cuantiosos, algo que podía preverse, porque es evidente que esa zona lleva un siglo vulcanológicamente viva. Hay que planificar y concentrar los riesgos: agrupar a la población en núcleos más cerrados, y no tan diseminados. Hay que evitar pagar el hecho de construir de espaldas a esta realidad’”.

El pasado día 22 de octubre, el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos afectados por la erupción del volcán han pedido a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, leyes, procedimientos administrativos y normas urbanísticas extraordinarias que permitan abreviar cualquier trámite en la reconstrucción. La petición que cuenta con el apoyo expreso del Gobierno de Canarias mantiene que es inviable abordar ‘una situación excepcional’ como la destrucción que ha provocado la erupción de La Palma por los ‘cauces habituales’– sin especificar qué son los tales cauces habituales y cómo se ha desarrollado tales cauces–. Por lo que se necesitarán nuevos procedimientos más ágiles en varios campos: el administrativo, el urbanístico, la gestión del litoral o la protección ambiental. Todos ellos de índole territorial, en un intrincado equilibrio entre protección del medio ambiente, sostenimiento de las actividades primarias, defensa ante el riesgo volcánico y promoción del turismo. El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, lo ha resumido así: “sin renunciar a la protección del territorio, la reconstrucción ha de primar ‘el arraigo’ de las más de 7.000 personas evacuadas de sus casas (muchas de ellas ya destruidas) y también ha de contar siempre con la opinión de los afectados. Antes de todo ello se había escuchado la petición excepcional de autorizar construcciones en suelos protegidos –especial protección ambiental y paisajística– por el Plan Insular que ahora pasarían a ser aptos para edificar”.

Una isla como La Palma regida por el Plan Insular, que ordena el lugar y el territorio, y que “es el resultado de un triángulo determinante de factores: protección del medio ambiente, peligro y necesidades de la población con respecto a viviendas e infraestructuras. El factor de peligro o riego es mencionado, sobre todo en lo referente a la inundabilidad de cada área –dada la compleja topografía–, a la probabilidad de desertificación y, en grado no menor, a la actividad sísmica y volcánica”, informa el arquitecto José María Ezquiaga, coautor del Plan Insular de Lanzarote. ¿Significa eso que tendrá que vaciar lugares hasta el momento habitados? “Es una posibilidad, corrobora Ezquiaga. En La Palma, el urbanismo y la política territorial deberán ir por detrás de la ciencia y definir áreas de peligro. Va a haber áreas de peligro muy altas que tendrá que despoblar, y otras más leves en las que va a ser suficiente con preparar una estrategia de contingencia. La dificultad es que sabemos menos de la conducta de los volcanes que de otros factores de riesgo. En una área con tendencia a las inundaciones, es fácil vaticinar cómo se comportará el agua, por dónde va a descender y con qué intensidad. Hay algoritmos que nos permiten vaticinar los peligros. Con los volcanes es más difícil”.

Hay un condicionante más: el hábitat diseminado de la isla, como sucede en todo el archipiélago: a lo largo de las carreteras de La Palma se desperdigan barriadas con alineaciones de seis o siete casas, alternada con cultivos de plataneras componen un tejido que se articula en función de las posibilidades topográficas. Los pueblos consolidados son más extraños en toda la zona afectada por la erupción. Ese atributo de la edificación dispersa tiene ventajas y desventajas en una situación como la de estos días en La Palma: la evaluación de los peligros se va a hacer puntualmente, de modo que va a ser más eficaz. En cambio, la parte negativa es que casi cualquier barranca de la isla, por remota que parezca, puede originar la invasión de la colada tapando un área poblada. La razón de ese asentamiento insular diseminado responde a diversas razones: la coexistencia de a la explotación agrícola con las viviendas en un expresión del deseo de vivir junto a sus cultivos. Aunque haya quien apunte que “yo creo que la causa, a estas alturas, tiene que ver más con las aspiraciones de las personas y también con el turismo de segunda vivienda. La gente quiere vivir con más espacio. Lo que pasa es que eso es muy caro, muy caro para ellos y muy caro para el grupo de la sociedad. En Canarias debemos ser todos más conscientes del lugar que habitamos, de lo frágil que es”.

Parecería lógico, por tanto, que La Palma replante su Plan Insular en función de lo que está pasando estos días. Tendrán que recalificar suelos que estaban dedicados a la agricultura y, sobre todo, tendrán definir áreas de poblamiento compatible. Adicionalmente, aparecerá un paisaje nuevo, que tendrá una relevancia geológica enorme y que, después, tendrá valor como paisaje.

José Rivero Serrano, arquitecto

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